Constitución y Derecho Internacional (I): el bloque de constitucionalidad


Esta entrada es la primera de la serie Constitución y Derecho Internacional.


La vigencia de la Constitución de 1985 significó para Guatemala el intento –ojalá definitivo– por consolidar un sistema democrático en un territorio golpeado durante décadas por una profunda inestabilidad política y por continuas violaciones a los derechos y libertades fundamentales.


La nueva Constitución –que está a punto de cumplir 35 años de vigencia en 2021– incluyó en forma novedosa distintas instituciones concebidas a fin de garantizar el respeto de aquellos derechos y, con ello, la construcción de un Estado constitucional de Derecho. Entre tales instituciones, cabe mencionar el Tribunal Supremo Electoral, que, si bien fue creado en los años previos, en 1985 se incorporó al texto constitucional; el Procurador de los Derechos Humanos; y la Corte de Constitucionalidad. Pero además de ese interesante marco orgánico desplegado en función de la garantía de los derechos, el propio contenido normativo de la Constitución reflejó el interés de los constituyentes por hacer realidad el respeto de la dignidad de la persona.


Así, entre otros preceptos, destacan por su importancia los artículos 44 y 46 de la Constitución. El primero afirma el carácter vinculante de aquellos derechos que, sin importar que no encuentren reconocimiento expreso en el texto constitucional, responden a la dignidad de la persona humana. Por su parte, la segunda norma citada incorporó un texto novedoso en la historia constitucional guatemalteca, pero no por ello alejado de polémica, en tanto afirmó que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, aceptados y ratificados por el Estado, “tienen preeminencia sobre el derecho interno”.


El contenido del artículo 46, cuyo alcance tutelar fue motivo de regocijo en la doctrina extranjera, fue objeto de temprana interpretación por parte de la Corte de Constitucionalidad. En efecto, en la sentencia de 19 de octubre de 1990 (expediente 280-1990) la Corte fijó su postura interpretativa respecto del contenido de la norma, cuyo criterio definiría el parámetro de recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el sistema de fuentes interno por más de dos décadas. En dicho fallo, el Tribunal afirmó que en el caso de los tratados y convenciones sobre derechos humanos, “su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución[1]. De esa cuenta, la Corte, analizando el tema desde el prisma –eminentemente formal– de la jerarquía normativa, se decantó por afirmar la supremacía constitucional, sin atender al sentido y fin del precepto bajo análisis. Para terminar de argumentar la idea, la sentencia señaló que esa “jerarquización” de los tratados y convenciones sobre derechos humanos “se daría no por vía de su artículo 46, sino […] por la del primer párrafo del 44 constitucional”.


Cabe agregar que la decisión del Tribunal brindó una respuesta en la medida de los argumentos de quienes reclamaron su intervención, pues alegaron la preeminencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23: derechos políticos) frente a la Constitución (artículo 186, a: prohibiciones para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente), en función del contenido, precisamente, del mencionado artículo 46. En definitiva, la Corte –deliberada o inconscientemente– analizó el tema desde el enfoque kelseniano de la regularidad jurídica, dejando de lado, por completo, el tema de fondo: la efectiva garantía de los derechos humanos.


No fue sino casi 22 años después, en la sentencia de 17 de julio de 2012 (expediente 1822-2011[2]), que la Corte varió el criterio interpretativo, aunque sin decirlo expresamente, en torno al contenido y alcances del artículo 46. Lo primero que resalta de esta segunda sentencia es que el análisis y la argumentación fueron desarrollados en clave de derechos humanos, como podría suponerse que actuó el constituyente al redactar el texto del precepto. Esta sola característica del fallo determinó un cambio sustancial del criterio interpretativo, en tanto dejó de lado el problema de la jerarquía normativa (punto central en la resolución de 1990), para centrar la discusión en la efectividad de los derechos y, en definitiva, en la tutela y garantía de estos.


Así, la sentencia hizo uso del instituto francés del bloque de constitucionalidad (acogido por otros tribunales constitucionales de la región, utilizando u omitiendo dicha denominación), en el sentido de integrar a dicho bloque “las normas y principios” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, la Corte recurrió al bloque de constitucionalidad para utilizarlo como “herramienta de recepción del derecho internacional” en el sistema de fuentes interno con una doble finalidad: (i) garantizar la coherencia del derecho interno con los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos y (ii) “complementar” la Constitución y el resto del derecho interno con las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humamos para así garantizar una protección más amplia a la persona humana.


A la postre, ambas finalidades se encuentran íntimamente relacionadas y responden a principios esenciales del Derecho Internacional (pacta sunt servanda e imposibilidad de invocar el derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado), así como al interés por garantizar una efectiva protección de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Asimismo, ambas finalidades dan respuesta plena al problema del artículo 46 constitucional, cuya interpretación definitiva, hoy vigente, deriva de esta última sentencia.


En el análisis hermenéutico del precepto constitucional, la Corte sustituyó el concepto de jerarquía por el de complementariedad, lo que determinaría (sin que la sentencia ahonde en ello) que un eventual conflicto entre las normas que conforman el bloque no conllevaría privilegiar la norma superior, sino analizar cuál de estas supondría mayor tutela y protección para la persona. Tal solución derivaría de la aplicación del principio pro persona como pauta interpretativa básica en materia de derechos humanos.


Tres últimas cuestiones resta comentar en torno al fallo de 2012. La primera, que la Corte se arrogó la facultad de determinar, caso por caso, el contenido del bloque de constitucionalidad, es decir, qué normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo integran. En armonía con el fundamento del bloque: la garantía efectiva de los derechos, se tornaría dudoso entender en forma estricta que la Corte tiene el monopolio de nutrir el bloque, pues ello conllevaría que la eventual protección de un determinado derecho garantizado por el Derecho Internacional exigiría siempre la intervención de la jurisdicción constitucional, desconociendo su naturaleza subsidiaria y extraordinaria frente al papel de los jueces del Poder Judicial, quienes son, en esencia, los garantes naturales de los derechos en democracia. Por el contrario, lo indicado en la la sentencia debe entenderse en el sentido que la Corte, como intérprete último de la Constitución, lo será también del bloque de constitucionalidad, pero ello no impide, como ha sucedido en la práctica, que sean los jueces ordinarios quienes vayan dotando de contenido al bloque mediante sus decisiones.


Por otro lado, el criterio interpretativo sostenido en el fallo no ha sido ajeno a duras críticas en el medio forense. Así, se ha criticado la argumentación de la sentencia por afirmar lo que no afirma la Constitución y por no explicar, a la perfección, de donde extrajo la Corte el concepto del bloque.


Ante tales críticas, podrían indagarse otras posibilidades de argumentación para sostener el fallo, e incluso podría afirmarse que se trata de una sentencia imperfecta e incompleta en sus argumentos. Sin ánimo de especular, hay un elemento que no puede dejarse de lado: se trató de una decisión unánime, sin votos particulares, ni siquiera concurrentes. Esto denota que la redacción pudo ser el resultado de los debates y mutuas cesiones en los criterios de los magistrados, cuyos puntos de vista, a la vez que variaron el sentido de la interpretación del tribunal, también evolucionaron en comparación con decisiones previas dictadas en sentido distinto a la innovación jurisprudencial. Tal situación, en tribunales colegiados de la jerarquía de la Corte, puede determinar que la argumentación no resulte del gusto de la totalidad de lectores externos, pero sí responde a la perspectiva y especial posición de sus signatarios.


Con todo, cabe señalar que la virtud del fallo es haber logrado dinamizar el contenido del artículo 46, en congruencia con lo que podría entenderse que era el fin buscado por el constituyente, sin limitar su interpretación al tema de la jerarquía normativa. En efecto, la Constitución nunca menciona el concepto del bloque de constitucionalidad, como tampoco se refiere a la seguridad jurídica, al principio de proporcionalidad o a la tutela judicial efectiva, siendo estos, como aquel, frutos de una interpretación evolutiva, dirigida a hacer prevaler la fuerza normativa de la Constitución en su esencia y finalidades últimas (interpretación sistemática y finalista).


Lo anterior nos lleva a la tercera y última cuestión por comentar. La sentencia del 17 de julio de 2012 configura un ejemplo de mutación constitucional en la jurisprudencia interna, en tanto determinó un cambio de sentido interpretativo a un texto no modificado en su redacción. En definitiva, se trató de una evolución jurisprudencial que ha significado ampliar el catálogo de derechos y las oportunidades para su tutela, haciéndola más efectiva y más amplia.

[1]Partido Institucional Democrático (PID), Frente de Unidad Nacional (FUN) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG) v. Tribunal Suprema Electoral (SCC 280-1990, 19 de octubre de 1990), pág. 16. [2]SCC 1822-2011, 17 de julio de 2012 (planteamiento de inconstitucionalidad general parcial, artículo 201 Bis del Código Penal, Decreto 17-73). La sentencia incorpora también la innovación jurisprudencial de viabilizar el conocimiento de inconstitucionalidades “por omisión parcial”.


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