Pagar por delitos vinculados a la corrupción: la (in)consistencia con el estándar de razonabilidad


El Código Penal permite pagar con dinero para evitar ir a prisión (legalmente, la figura se llama conmuta). Este beneficio se aplica a delitos cuya pena es menor a 5 años. Sin embargo, el Código Penal señala que algunos delitos no son objeto de ese beneficio (son inconmutables). Dentro de ese listado, se encuentra los delitos contra la administración pública y a administración de justicia, dentro de los cuales se ha señalado que existen delitos vinculados a corrupción.


Recientemente, la Corte de Constitucionalidad conoció una inconstitucionalidad contra esta restricción al beneficio contenida dentro del artículo 51 inciso 7 (adicionado por la Ley Contra la Corrupción). La Corte emitió sentencia dentro del expediente 4099-2020 en la cual lo declaró como inconstitucional e invocó el principio de razonabilidad para sustentar su decisión. Sin embargo, ese principio no es congruente con la propia solución propuesta en la parte resolutiva del fallo. Además, el fallo tiene serias implicaciones en materia de la lucha contra la corrupción. Ambos asuntos se analizarán a continuación.


Primero y como punto de partida, la Corte estableció que es necesario distinguir dos categorías de delitos contra la administración pública y administración de justicia: los delitos vinculados, por una parte, y los delitos desvinculados de actos de corrupción, por otra. A partir de ello, considera que el legislador debió efectuar un tratamiento diferenciado, puesto que no es razonable sacrificar a quienes no cometen delitos de corrupción, como medio para asegurar que, quienes sí cometen estos delitos, reciban una sanción reforzada. De este modo, la tesis que, en abstracto, sirve de argumento decisivo de la sentencia es la siguiente: para lograr una finalidad constitucional, no es necesario adoptar una medida que no guarde una correlación racional con esa finalidad.


El problema reside entonces en la aparente falta de razonabilidad en la restricción objetada. Según la Corte, esta restricción abarca a todo el universo de delitos contra la administración pública y administración de justicia. El legislador incurre en una falacia de generalización, por así decirlo, puesto que, sin sopesar las diferencias sustantivas entre las categorías de delitos aludidas, impone un tratamiento homogéneo a todas ellas.


Como puede apreciarse, la sentencia contiene un análisis diferenciado en su apartado considerativo, para señalar que la regulación plasmada por el legislador adolece de vicio de falta de razonabilidad. Sin embargo, ese tratamiento diferenciado no se ve reflejado en su parte resolutiva. Así, la Corte de Constitucionalidad decide eliminar el beneficio de la conmuta para el universo de delitos, propiciando que, de ahora en adelante, todos los delitos contra la administración -incluyendo los vinculados a corrupción- puedan pagarse con dinero para evitar prisión.


Para combatir la corrupción, no era necesario que el legislador vedara la conmuta a delitos desvinculados de corrupción, expresa la Corte. Bajo ese razonamiento, tampoco era necesario que la sentencia, al suprimir la norma, abriera la conmuta para los delitos que sí están vinculados a corrupción. De este modo, el tribunal se contradice. Señala al legislador de incurrir en falta de razonabilidad, pero inobserva el estándar que ella misma encuentra vulnerado. Pide al Congreso no sacrificar el combate a la corrupción manteniendo restricciones irrazonables, pero ella misma termina sacrificando la misma finalidad al suprimir restricciones razonables.


El vicio entonces reside en expulsar la norma sin que esta solución sea congruente con sus propias estimaciones. La decisión final en la sentencia debió respetar su propia tesis, efectuando un análisis diferenciado en el examen de efectos de la sentencia. Pudo haber conservado la norma, exhortar su reforma y, para garantizar certeza en tanto se producía esta, establecer pautas de interpretación conforme dirigidas a los jueces. Esta solución, que no es binaria; ya ha sido aplicada antes por el tribunal, precisamente, respetando el estándar de razonabilidad, por ejemplo, en la inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 407 “N” del Código Penal sobre el delito de financiamiento electoral ilícito[1] o la inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos sobre la declaración patrimonial de funcionarios.[2]


Además, existen otras soluciones que el propio Hans Kelsen propuso en su obra la Garantía Jurisdiccional de la Constitución[3] y que tribunales como la Corte Constitucional de Colombia han aplicado en su jurisprudencia.[4] Se trata del efecto diferido de la sentencia constitucional. Esta técnica implica que la norma se reputará inconstitucional hasta luego de pasado un plazo, de manera que dentro de este, el legislador tenga suficiente tiempo para realizar la sustitución normativa. La técnica de diferir los efectos permite que la reforma se produzca antes de que la sentencia cobre vigencia; además, permite un proceso de diálogo entre los interlocutores, incluyendo a la ciudadanía.


Ahora bien, en cuanto al tema de corrupción, la sentencia invoca un concepto de corrupción que extrae del Diccionario de la Real Academia, sin la cual no habría establecido el sustento de su argumento central. El cuestionamiento que corresponde hacerse es: ¿las definiciones de un diccionario son parámetro de Constitucionalidad?


En todo caso, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece qué debe entenderse por corrupción. Según el artículo VI de la citada Convención, actos de corrupción pueden dar lugar a muchos delitos. Siguiendo este parámetro, cualquier delito puede estar vinculado a un acto subyacente de corrupción, pues el acto de corrupción no es el delito en sí. El delito muchas veces es el móvil: incumplir una resolución puede estar motivado por una dádiva previa. Es decir, el crimen, como fenómeno, no equivale a delito como ficción legal. De este modo, al considerar que solamente unos delitos, y otros no, se encuentran asociados al fenómeno de la corrupción, la sentencia incurre en falacia de falsa dicotomía encasillando en figuras legales fenómenos que en la práctica pueden dar lugar a diversidad de conductas delictivas.


Finalmente, de la lectura de la sentencia, se puede concluir de manera inequívoca que se trata de un precedente que implica un retroceso en materia de combate a la corrupción, porque abre la puerta a evadir prisión con dinero cuya fuente, precisamente, puedan objetivamente provenir de actos de corrupción. Además, con tal de proteger a aquellos delitos desvinculados, termina amparando también a los delitos vinculados a la corrupción. La sentencia deja sin contenido los tratados internacionales contra la corrupción. Es un precedente lamentable que resta eficacia a los compromisos que el propio Estado de Guatemala ya había asumido a la luz de los principios generales de buena fe y pacta sunt servanda establecidos en el Derecho internacional.

[1] Corte de Constitucionalidad. Sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, exp. 2051-2017 [2] Ibid. Sentencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho, exp. 1732-2015 [3] Kelsen, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (justicia constitucional). Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 2001. Pág. 94 [4] Corte Constitucional de Colombia. Ver sentencias C-737/01 de 11 de julio de 2001 y C-027/12 de 27 de enero de 2012.

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