El derecho a la familia frente a la maternidad subrogada



La familia es el núcleo de la sociedad y el derecho a su protección es universalmente reconocida. Nuestra Constitución expresa, desde su primer artículo, que el Estado se organiza para proteger a la familia y, en el artículo 47, garantiza su protección social, económica y jurídica. De igual manera, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Aunado a este, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que hombres y mujeres tienen derecho a fundar una familia. Sin embargo, formar una familia, de manera natural, depende de factores biológicos y muchas parejas deben enfrentan la imposibilidad de concebir.


Frente a esta imposibilidad, la ciencia presenta diversos métodos asistidos de reproducción. Entre estos, la maternidad subrogada o alquiler de vientre es un método por el que una mujer que no puede o no desea llevar la gestación de su hijo con su pareja, acuerda con otra mujer ajena a la relación para que esta lleve a buen término el embarazo y, tras el nacimiento, haga entrega del bebé a sus padres. La maternidad subrogada puede darse de dos maneras: utilizando el material genético del padre y la madre aspirantes y a la tercera persona únicamente para la gestación en su vientre, o empleando el material genético del padre y de la madre gestante que llevará a cabo el embarazo por medio de una inseminación artificial.[1]


Como es de esperarse, este esquema presenta diversos retos jurídicos, ya que introduce interrogantes que no existen en una concepción y gestación tradicionales. Por ejemplo, ¿debe permitirse una remuneración económica? ¿Qué derechos tiene la mujer que acordó llevar a cabo el embarazo, frente al bebé?


Algunos países han optado por legislar esta práctica. Así, en Canadá, es permitido llevar a cabo este tipo de acuerdos, como lo es en California, Washington, Utah y otros Estados norteamericanos.[2] Por mucho tiempo, India fue un destino popular, debido a medidas laxas frente a parejas que buscaban contratar el servicio con vientres alquilados de mujeres de ese país, a bajo costo. Esto ha llevado a nuevas iniciativas de ley, para su estricta regulación, especialmente frente a parejas extranjeras.[3]



Por otro lado, muchos países continúan con un vacío legal sobre el tema, lo cual implica una mayor importancia de los tribunales en la protección de métodos asistidos de reproducción y el derecho a la familia. Guatemala es uno de ellos. En ese orden, recientemente, en el 2017, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió, en apelación, un amparo que devino por un proceso de cuidado y custodia de un niño concebido como consecuencia de un acuerdo entre una pareja que deseaba procrear y una mujer ajena a la relación, en quien se realizó una inseminación artificial con esperma del padre. Se acordó que, tras llevar a buen término el embarazo, entregaría el bebé a la pareja aspirante. El caso llevó al Tribunal a pronunciarse respecto de la figura del alquiler de vientres, indicando que:


…la señora…manifiesta que ella está anuente a recibir inseminación artificial con espermatozoides de… al producirse el alumbramiento del embarazo causado, le hará entrega de dicho niño al padre ya identificado, quien le proporcionará; entre otros rubros, la suma de… cuando se produzca el parto, ocasión en la que hará entrega del niño nacido…. En el caso que subyace, es evidente que los mencionados en el párrafo precedente, atentaron contra la dignidad del niño cuyo cuidado y guarda se litiga en el referido proceso, pues convinieron la procreación y disposición de un niño, como si éste fuera un objeto y no un sujeto de derechos, a cambio de un beneficio económico determinado… existen normas prohibitivas expresas que tipifican estos actos, entre otros, Trata de Personas con fines de adopción irregular”.[4]

De lo anterior, se advierte que la Corte simplificó la figura y objetivos perseguidos con el método de maternidad subrogada, al equipararlo al delito de trata de personas, soslayando un análisis con perspectiva de derechos humanos enfocado en el derecho a formar una familia. Convirtió un derecho en un delito. Esto pone en evidencia el importante rol que juegan los tribunales, frente al reconocimiento e interpretación del derecho a la familia, y las consecuencias de no hacerlo en países con poca o nula regulación sobre métodos de reproducción asistida.


De igual manera, se advierte que la labor interpretativa de un tribunal puede cambiar positivamente el resultado y tratamiento del derecho aludido. Así, la Corte Suprema del Estado de Nueva Jersey, en 1988 (décadas antes que nuestra Corte), decidió un caso similar, que giraba en torno a la validez de un contrato de maternidad subrogada a cambio de dinero, y si la madre gestante tenía derecho de retrotraer su consentimiento. La Corte concluyó que la ley prohibía un intercambio económico, en este tipo de acuerdo; sin embargo, en reconocimiento del derecho a procrear, el Tribunal reconoció que no es posible prohibir los acuerdos de subrogación cuando no existe remuneración financiera.[5]


El objetivo de esta nota no es fijar una postura moral, en torno a la maternidad subrogada; más bien, se busca hacer ver la importancia de las garantías y tribunales constitucionales para garantizar el derecho a la familia, a la luz de métodos de reproducción asistida sin regulación clara. La Corte de Constitucionalidad falló en analizar el derecho referido, perdiendo la oportunidad de emitir directrices que clarifiquen paulatinamente un tema que, hoy día, se mantiene sin regulación y que hubieran sido de gran ayuda para muchas parejas y familias.

[1] Mark Trolice y Zaira Salvador, “¿Qué es la gestación subrogada? - Definición, tipos e indicaciones”, Reproducción Asistida ORG, el 27 de agosto de 2019, https://www.reproduccionasistida.org/gestacion-subrogada/. [2] Marcela Cáceres Lara, “Legislación comparada sobre gestación subrogada en el continente americano” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN. Asesoría Técnica Parlamentaria, octubre de 2017), 13–15. [3] R. K. Chaturvedi et al., “Surrogacy Policy in India and Need of Acts to Regulate Commercial Surrogacy”, Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 3, núm. 20 (el 19 de mayo de 2014): 5384–89. [4] Leonel Pinto Lemus y otros v. Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, SCC 3590-2016 (Corte de Constitucionalidad el 20 de julio de 2017). [5] Matter of Baby M., 109 N.J.396 (Supreme Court of New Jersey 1988).



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