El amparo judicial, un fenómeno que desborda los límites de la jurisdicción constitucional



Durante el 2019, la Corte de Constitucionalidad conoció 2,544 amparos biinstanciales. De esos, el 71.58% fueron promovidos contra autoridades judiciales; el resto, el 28.41%, contra autoridades o entidades no judiciales.[1]


Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Amparo y Antejuicio resolvieron 1,134 procesos de amparo: 78.30% judiciales y 21.70% no judiciales.

De ese total, 50.35% fueron suspendidos por notoriamente improcedentes, 36.41% fueron denegados y únicamente el 13.22% fueron otorgados.[2] Es decir, de 1134 personas, grupos o entidades que acudieron a la justicia constitucional para la protección de sus derechos, se puede considerar que más del 50% lo utilizaron de forma maliciosa o notoriamente improcedente y únicamente 150 fueron amparadas. Este último dato se aprecia sin contar la fase de su cumplimiento, en la cual debiese materializarse la esperada tutela judicial efectiva. Es decir, se desconoce si esas 150 personas lograron, al final, restituir efectivamente sus derechos.


Los ejemplos y las cifras relacionadas pueden dar al lector una amplia variedad de conclusiones. Sin perjuicio de las apreciaciones que cada uno pueda inferir, existe una en particular que deseo resaltar. Esos números dan cuenta de un fenómeno que ha sido escasamente abordado, el cual, pese a sus repercusiones, continúa cargando a los tribunales constitucionales: el amparo judicial.


El amparo judicial es un fenómeno desbordado. Para algunos, quizá esa amplitud es signo de éxito del amparo guatemalteco. La verdad es que las cifras hablan por sí mismas, especialmente en relación con el litigio malicioso, el hecho de que los tribunales trabajan más para diligenciar litigios fallidos, o bien, que quienes verdaderamente ameritan la protección de sus derechos sean los menos favorecidos por el sistema de garantías. También refleja la preocupante baja tasa de protección global de los derechos humanos por parte de los jueces constitucionales.


Hay dos perspectivas que pueden enfocar el análisis del fenómeno: sus efectos en el carácter especializado de la jurisdicción constitucional y las repercusiones en el trabajo diario de los tribunales constitucionales.


En primer lugar, es evidente que los tribunales de amparo conocen más amparos judiciales que los de otra esfera. Como garantía de la legalidad,[3] esta variedad de amparo ocupa el centro de atención de los tribunales constitucionales, situación que genera un desequilibrio en el sistema y duplicidad de funciones propias de Cámara Penal y la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente, la amplia extensión inherente al amparo permite su aplicación en los asuntos administrativos y judiciales. No es objeto de este texto cuestionar esa ductilidad incorporada por el Constituyente del 85,[4] sino únicamente la descompensación global que genera. Como lo señala el maestro Fix Zamudio, el amparo casación[5] tiene sus propias virtudes, pues representa una manifestación más avanzada del clásico amparo libertad. Sin embargo, en el caso guatemalteco, la aplicación del instrumento ha ido en degeneración de su matiz original, pasando de instrumento protector de los derechos a ejercer una mera función nomofiláctica de la legalidad.


La segunda, ya desde la óptica funcional, es reflejo de que los tribunales de amparo están sobrecargados en su quehacer diario. Al destinar sus energías casi por completo al amparo judicial, los Magistrados, letrados y demás personal auxiliar consumen tiempo y recursos valiosos que se traducen en costo de oportunidad. Estos bien podrían optimizarse para los casos que realmente ameritan y apremian: personas con enfermedades graves, ancianos en situación de abandono, niñez institucionalizada, mujeres violentadas, personas con discapacidad privadas de libertad, entre otros temas humanitarios más relevantes que cualquier otro, inclusive que los casos de meras disputas políticas. La realidad de las cosas es la inversa: quienes urgen una tutela, dado su grado de vulnerabilidad, son en quienes terminan recayendo las fallas del sistema, como mora judicial, congestión excesiva, procesos entrampados, gastos de operación innecesarios y, sobre todo, desilusión ciudadana.


Para desahogar al sistema, considero que dos innovaciones jurisprudenciales pueden traer en el corto y mediano plazo grandes cambios. La primera es la incorporación de la cosa juzgada como límite del amparo y la segunda, el reconocimiento de la definitividad horizontal como presupuesto del amparo.


Una práctica muy frecuente permitida por los propios tribunales de amparo es la facilidad con que algunos litigantes emplean esta garantía como táctica dilatoria. Ciertamente, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido en su jurisprudencia que el amparo no constituye una “tercera instancia revisora”.[6] Esta tesis se fundamenta en el primer párrafo del artículo 211 constitucional, relativo a la prohibición de prolongar los litigios más allá de dos instancias. Sin embargo, se desatiende el contenido del siguiente párrafo: “ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley.


Este último precepto impide que, una vez clausurado un litigo, su discusión se prolongue indefinidamente en detrimento de la certeza jurídica. La norma es inequívoca en que la inmutabilidad que confiere la cosa juzgada a las decisiones no solo se proyecta con relación a impedir, en el propio proceso, la impugnabilidad de la decisión, sino que conlleva una eficacia extraprocesal que impide que cualquier autoridad judicial -ordinaria o constitucional- pretenda retomar una discusión clausurada.


De forma muy laxa, la jurisprudencia de cierre se ha limitado a indicar la inviabilidad de convertir el amparo en una tercera instancia. Sin embargo, no ha desarrollado aún las pautas que permitan marcar claramente las fronteras entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria. La ausencia de estas reglas jurisprudenciales ha provocado, por ende, que no se tengan claros los límites del amparo con relación a la cosa juzgada.


La jurisprudencia comparada brinda soluciones efectivas. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha establecido la pauta de la triple identidad, que permite identificar acciones constitucionales que pretenden continuar meras disputas intersubjetivas que van contra la cosa juzgada: identidad de causa, de partes y de objeto.[7] Además de defender la cosa juzgada, esa tesis permite detectar en forma anticipada cuándo una acción constituye actuación temeraria, la que concurre “cuando un litigante sin una justificación razonable, [eleva] la misma causa ante jueces de la República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas pretensiones”.[8]


Otro de los problemas que reflejan la hiper revisión constitucional de las decisiones de justicia ordinaria es el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, en su jurisprudencia, mantiene una visión reduccionista que le otorga relevancia constitucional a cualquier decisión incidental. Así, por ejemplo, cuando un juez admite, tramita y resuelve un proceso estaría sometido a control constitucional tantas veces como decisiones incidentales emita, al bastar que ya no existan mecanismos para su revisión. Yendo contra la naturaleza subsidiaria del amparo, ello solo complica y obstruye la labor del juez ordinario, propiciando que la jurisdicción constitucional adelante intervenciones sin esperar a que el proceso concluya; además, desde la perspectiva del amparista, se le obliga a que su petición de amparo quede fragmentada.


Para prevenir este fenómeno en el que tenemos una justicia ordinaria constantemente intervenida por la constitucional, es necesario reconfigurar la visión de los actos de autoridad judicial bajo una visión de conjunto. Es decir, lo que debe sujetarse a control debe ser el proceso entero y no cada incidencia procesal -excepto que exista una decisión intermedia que produzca un agravio de imposible reparación-.[9]


Para lograrlo, es necesario considerar la teoría y la jurisprudencia comparada relacionada con el principio de definitividad horizontal. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México, por ejemplo, ha referido que este principio consiste en “la imposibilidad de promover el juicio de amparo en contra de actos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo que implica que el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo”.[10] De esta manera, según este principio, el presupuesto de definitividad no se limita a su concepción vertical.


Ambas figuras comentadas permitirían reconducir la correcta aplicación del amparo judicial en el caso guatemalteco. Valdría la pena que tanto en la academia como en el foro se discutan no sólo estas, sino otras alternativas igualmente efectivas. Sin embargo, son los jueces constitucionales los que finalmente deciden cómo orientar las líneas jurisprudenciales y, en esa medida, en sus manos está buena parte de la solución al fenómeno, lo cual pueden lograr sin grandes inversiones ni reformas legislativas. Este sería el remedio más viable para dinamizar un problema que excede la capacidad de respuesta de los tribunales de amparo frente a la creciente demanda de tutela judicial efectiva. Una política jurisprudencial que se encamine a recuperar el carácter especializado de la jurisdicción constitucional y la naturaleza subsidiaria del amparo resulta impostergable.


[1] Corte de Constitucionalidad. Unidad de Acceso a Información Pública. Datos proporcionados el 9 de abril de 2021. [2] Corte Suprema de Justicia. Sistema de Amparos de la Cámara de Amparo y Antejuicio. Información pública proporcionada el 20 de abril de 2021. [3] Esta es una de las tres manifestaciones del amparo que identifica el Profesor Héctor Fix Zamudio en su tesis de licenciatura. [4] Las constituciones de 1956 y 1965, respectivamente, limitaban el amparo en los asuntos judiciales. Esta fórmula es idéntica, y se considera trasplantada de la corriente ortodoxa del amparo mexicano. Así, la Ley de Amparo mexicana de 1869, en su artículo 8, proscribió la procedencia del amparo en los negocios judiciales. Sin embargo, como lo refiere el profesor Fix-Zamudio, esta limitante tuvo escasa aplicación a partir de que la jurisprudencia la calificó de inconstitucional. [5] Fix-Zamudio, Héctor. La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana: ensayos de una estructuración procesal del amparo. Porrúa, México. 2015. [6] Corte de Constitucionalidad. Criterio sostenido en los expedientes 664-2020, 1582-2021 y 1393-2021. [7] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-730/15. [8] Ibid. [9] La Corte de Constitucionalidad aún no ha reconocido la figura de manera uniforme, con excepción de la materia penal, imposibilitando la revisión constitucional de aquellas resoluciones incidentales que no revisten la característica de auto definitivo. Al respecto, se recomienda consultar las sentencias recaídas en los expedientes 902-2018, 3472-2017 y 4937-2014. [10] Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo en revisión 223/2013.



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