El Derecho de reunión y manifestación, un derecho que puede fallar


Desde los inicios de una sociedad democrática, se ha optado por tener las reglas del juego sobre la mesa de observancia obligatoria para todos los jugadores. Por ello, los países que cuentan con un Estado de Derecho han creado sus respectivas constituciones, que garantizan, defienden y fungen como reglas de superior jerarquía en el ordenamiento jurídico. En el caso de Guatemala, esa norma suprema es la Constitución Política de la República de Guatemala (en adelante, la Constitución).


Resulta importante destacar uno de los derechos fundamentales que la sociedad guatemalteca ha apoyado en los últimos años: el derecho de reunión y de manifestación, garantizado por el artículo 33 de la Constitución. La parte relevante que nos interesa es la siguiente: “() Los derechos de reunión y manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. (...)”.


Desde los últimos tres gobiernos (Pérez Molina, Morales y Giammattei), los guatemaltecos han utilizado el derecho de reunión y manifestación como un mecanismo de protesta ante los gobiernos deficientes y corruptos. Como evidencia, se encuentran las manifestaciones del 2015, en las que, a través de la voz de los guatemaltecos, se logró exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidenta de la República. Las manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución lograron adquirir tanta fuerza que fueron un ejemplo a seguir en muchos países. Claro está que lo anterior debe conjugarse también con el reconocimiento del derecho a la libre emisión del pensamiento, pues no hay que olvidar que la manifestación es una forma de expresión en sí misma. Sin embargo, ese será un tema a analizar en otra oportunidad. En esta ocasión, se intentará demostrar qué mecanismos de garantía existen de este derecho, para que su ejercicio no se vea transgredido por la autoridad.


Comúnmente, el derecho de manifestación es amenazado y/o restringido, a través de actos, resoluciones o leyes provenientes de la autoridad. Estos son actos inmediatos y temporales que prohíben o limitan el goce del derecho a manifestar. Ante esto, para asegurar el ejercicio del derecho de manifestación, el Derecho Procesal Constitucional (en adelante, DPC) actúa como el defensor que previene y restaura la transgresión, así como la aplicación de otros derechos fundamentales conexos.


Tanto en el expediente 179-2019[1] como en el expediente 4284-2018[2] (ambos de la Corte de Constitucionalidad) se tuvo como acto reclamado la amenaza que el presidente de la República restringiera el derecho de reunión y de manifestación, ante las protestas en contra de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). La sociedad guatemalteca se encontraba dividida respecto al tema y el ejecutivo luchaba por la salida de dicha comisión. Ahora bien, en ambos casos, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional, a efecto de garantizar el derecho de manifestación. Esto permitió que las manifestaciones en cuestión se llevasen a cabo.


Sin embargo, dentro de estos casos, agotado el trámite procesal, la Corte ya no procedió a manifestarse sobre el fondo del asunto porque, al haberse llevado a cabo las manifestaciones, ya no había agravio que prevenir o reparar. La pretensión del amparo desapareció legalmente durante el proceso, causando que la Corte denegara el amparo, por falta de materia sobre la cual resolver.[3] En consecuencia, en los casos mencionados anteriormente, para los postulantes fue sumamente importante el amparo provisional, siendo el mecanismo que les otorgó efectividad en la protección de su derecho de manifestación.


En contraposición a los casos mencionados, se destaca la manifestación del 21 de noviembre del año pasado. En esa ocasión, varios guatemaltecos salieron a las calles a manifestar su descontento con la aprobación del presupuesto del Estado para el año 2021. Del mismo modo, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en el cual solicitaba la protección ante la amenaza de que las autoridades no garantizaran el ejercicio del derecho a manifestar.[4] La Corte procedió a otorgar el amparo provisional y ordenó a las autoridades que se observara el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, de manera a garantizar el referido derecho.[5] Lastimosamente, el amparo provisional no resultó efectivo, ya que se evidenciaron momentos en los que los agentes de seguridad usaron la fuerza de manera desproporcionada. Más de 25 agentes de la PNC están siendo investigados por las detenciones hechas el día de la manifestación.[6]


Los efectos de comparación entre los casos citados anteriormente ponen en tela de juicio la efectividad que la Corte de Constitucionalidad puede tener para prevenir y restaurar derechos fundamentales. Es sumamente importante el vínculo entre el derecho de manifestación y el DPC. Sin el segundo, el primero no podría ser ejercitado en contextos politizados. Sin embargo, a veces ni siquiera un amparo puede realmente protegerlo.


Por último, antes de cerrar esta reflexión, se quiere dejar sobre la mesa algunos cuestionamientos que surgieron durante la realización de este trabajo. El derecho de manifestación puede ser un arma letal de los guatemaltecos para expresarse frente a gobiernos corruptos, pero ¿es suficiente para repeler esta? ¿se necesitará una ley que regule las manifestaciones? No hay que dejar que el tiempo pase y decida por sí solo. El cambio empieza… ahora.

[1] Caso Diputados al Congreso de la República de Guatemala vs. Presidente de la República de Guatemala y Ministro de Gobernación, SCC 179-2019, (Corte de Constitucionalidad) el 22 de abril de 2019. [2] Procurador de los Derechos Humanos vs. el presidente de la República de Guatemala y otros, SCC 4284-2018, (Corte de Constitucionalidad) el 20 de agosto de 2019). [3] Considerando I, página 6, del expediente 4284-2018 (Ibídem). [4] Caso Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala vs. El presidente de la República de Guatemala y otros, SCC 4068-2020, (Corte de Constitucionalidad) el 20 de noviembre de 2020. [5] Ortiz Romero, E. (2020). Brutalidad policial contra manifestantes pacíficos. ¿Debe ser destituido el Ministro de Gobernación por orden de la Corte? Guatemala, Guatemala. Recuperado de: https://edgarortizromero.com/2020/11/22/brutalidad-policial-contra-manifestantes-pacificos-debe-ser-destituido-el-ministro-de-gobernacion-por-orden-de-la-corte/ [6] España, M. J. (27, 11, 2020). Ordenan investigar a más de 25 agentes de la PNC por las detenciones hechas el 21N. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ordenan-investigar-a-mas-de-25-agentes-de-la-pnc-por-las-detenciones-hechas-el-21n/.




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