La propiedad privada sin garantías constitucionales: inexistente


Se ha demostrado que, sin garantías constitucionales eficientes resueltas por tribunales comprometidos y capaces que aseguren el goce del derecho a la propiedad privada, la protección que este otorga es igual de efectiva que la de una mascarilla debajo de la nariz. Con el fin de demostrar esto, se utilizará como caso de estudio el régimen expropiatorio venezolano para, posteriormente, enunciar actos similares que se han tratado de efectuar en Guatemala.


Antes de comenzar con el análisis del régimen expropiatorio venezolano debe resaltarse que el presente trabajo se centrará en aspectos jurídicos, sin considerar propiamente el contexto del país. Dicho esto, Venezuela protege en su Constitución de 1999 el derecho a la propiedad privada en el artículo 115. No obstante, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad (2019), desde el año 2000, se han expropiado alrededor de 5,500 empresas.[1] Ante esto, los ciudadanos no se han quedado de brazos cruzados, pero, a pesar de grandes intentos por frenar al Estado, en la mayoría de las ocasiones, pierden la propiedad de sus bienes injustificadamente. El economista Alejandro Sucre (2010), explica que, en la práctica venezolana, existen dos vías para defenderse en contra de los decretos de expropiación: prolongadas huelgas de hambre y “dejar sentada su queja en los tribunales, aunque sea sólo como una formalidad”.[2]


Es importante mencionar que esta “queja” planteada en los tribunales no se refiere a amparos o inconstitucionalidades. En Venezuela, las garantías constitucionales son ineficientes debido a su falta de idoneidad para objetar los decretos de expropiación emitidos por el Congreso, el presidente o las municipalidades,[3] por lo que comúnmente no son utilizadas para impugnar este tipo de disposiciones. Lo que se usa normalmente es un recurso contencioso de nulidad, el cual, en algunas ocasiones, es acompañado por amparos cautelares o provisionales como se evidencia en la Sentencia N° 01269.[4] Sin embargo, el amparo no es considerado como la vía principal e idónea para tutelar el derecho en cuestión en Venezuela. No es casualidad que uno de los países más controversiales en materia de expropiación sea también un país donde se denote la falta de utilización del Derecho Procesal Constitucional cuando se trata de proteger la propiedad.


La ineficiencia de las garantías constitucionales dirigidas específicamente a la tutela de derechos fundamentales, como el amparo, no es la única razón por la cual la propiedad se encuentra tan desprotegida. El problema también deviene de un mal control de constitucionalidad de las leyes, que debiese ser ejercido por la Sala Constitucional o por cualquier juez en casos concretos.[5] Esto es consecuencia de otro factor importante que ha derivado en la vulneración de este derecho: la vigencia de la Ley de Expropiación venezolana y, específicamente, del artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (en adelante, “Ley para la Defensa de las Personas”). Esta normativa es sumamente controversial, ya que colisiona de forma directa con el derecho a la propiedad privada.


El artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas indica que, la expropiación de “bienes necesarios” para desarrollar actividades de “ producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución”, no requiere una declaratoria de utilidad pública. Este artículo, utilizado en tantas ocasiones para vulnerar el derecho a la propiedad privada, es evidentemente inconstitucional, considerando que el artículo 115 de la Constitución venezolana establece: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Por lo tanto, en todos los casos debería ser necesaria una declaratoria de utilidad pública. Si la acción de inconstitucionalidad cumpliera su objetivo en este país, dicha norma hubiera sido expulsada del ordenamiento jurídico años atrás y muchas personas y empresas afectadas tendrían la oportunidad de seguir gozando de los bienes que legítimamente les pertenecen. Esto se debe a que esta normativa ha fungido como un cheque en blanco para los jueces, que les ha permitido declarar sin lugar la gran mayoría de recursos contenciosos de nulidad y las respectivas apelaciones.


Por ejemplo, el 10 de octubre de 2010, el presidente de Venezuela publicó un decreto que determinaba la expropiación forzosa de toda una industria. Ante esto, se presentó un recurso de nulidad que fue declarado sin lugar en la Sentencia 01269 del Tribunal Supremo de Justicia, con base en el artículo 6 anteriormente citado.[6] Asimismo, en la Sentencia 00462 de la misma autoridad, otra vez se utiliza el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas para validar un decreto de expropiación injustificado.[7] Esta misma normativa también fue invocada en la Sentencia N° 00550 del Tribunal Supremo de Justicia para justificar exactamente lo mismo.[8] Esto demuestra una tendencia en los precedentes de la corte dirigida a vulnerar la propiedad, sustentada en un artículo inconstitucional.


En Guatemala, se intentó establecer una disposición muy similar dentro del Decreto 1000 del Congreso. Esta ley permitía la expropiación de bienes necesarios, a juicio del Ejecutivo, para mejorar la infraestructura vial. No obstante, debido a la eficacia de la acción de inconstitucionalidad en este caso, se expulsó dicha norma del ordenamiento jurídico.[9] Como consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad, quién sabe cuántas personas han podido mantener la propiedad de sus bienes. Nuevamente, se evidencia la importancia de la efectividad de las garantías constitucionales para la tutela de este derecho.


Lastimosamente, lo sucedido con el Decreto 1000 no es la regla sino la excepción. A menudo, surgen casos en los que la Corte de Constitucionalidad no protege de forma correcta el derecho en cuestión, por ejemplo: cuando decidió declarar constitucional el procedimiento de expropiación paralelo establecido en la Ley de Transformación Agraria,[10] (dentro de esta normativa se establece la posibilidad de efectuar expropiaciones de tierras ociosas de forma distinta a la preestablecida en la Ley de Expropiación, incluso obviando requisitos como la declaratoria de utilidad pública exigida en la Constitución) o, cuando se declaró sin lugar la inconstitucionalidad general planteada en contra del Decreto 630 (Ley que erradica la posibilidad de impugnar las expropiaciones efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección de Jorge Ubico) sin siquiera analizar y emitir un pronunciamiento concreto acerca de las consecuencias de los preceptos legales impugnados.[11] En ambos casos, la Corte utilizó una argumentación abstracta, incongruente y confusa para justificar su resolución. Asimismo, buscó evadir por completo el meollo del asunto y, se sustentó en aspectos formales y subjetivos, como la claridad en el razonamiento de la inconstitucionalidad para decidir su improcedencia.


Lo anterior demuestra que contar con garantías constitucionales efectivas no depende únicamente de que estas se encuentren bien establecidas en cuerpos normativos. También es necesario que los tribunales que las resuelven sean comprometidos y capaces, buscando siempre la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Si esto siempre hubiese sido así, sería interesante saber cuántas personas seguirían gozando de los bienes que legítimamente les pertenecían.

[1]García Adriana. “Expropiaciones de Chávez y Maduro arrastran a más de 5000 empresas”. Crónica Uno, Venezuela, 2019. Obtenido de: https://cronica.uno/expropiaciones-de-chavez-y-maduro-arrastran-a-mas-de-5000-empresas/ [2]Citado en: Valery, Yolanda. “Venezuela: opciones frente a la expropiación”. BBC News, Venezuela, 2010. Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101012_venezuela_opciones_expropiacion_jrg [3]Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Artículo 13. Venezuela, 2001 [4]Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N° 01269. Venezuela, 05/02/2013. En este caso se buscaba invalidar una declaratoria de expropiación efectuada por el presidente respecto a los bienes pertenecientes a industrias VENOCO. Para el efecto se plantea un recurso de nulidad acompañado por un amparo cautelar donde ejemplifica la subsidiariedad de la garantía. Este es declarado sin lugar junto con el recurso de nulidad. [5]Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículos 266, 334 y 336. Venezuela, 1999. [6]Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N° 01269. Venezuela, 18/09/2014. [7]Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N° 00462. Venezuela, 29/04/2015. [8]Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N° 00550. Venezuela, 20/05/2015. [9]Corte de Constitucionalidad, Expedientes 254-1990 y 285-1990, Guatemala, 27/06/1991. [10]Corte de Constitucionalidad, Expediente 3264-2016, Guatemala, 23/07/2020. [11]Corte de Constitucionalidad, Expedientes 5793-2015, Guatemala, 05/07/2016.


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