El precedente constitucional como garante de la libre emisión del pensamiento en redes sociales


La libre emisión del pensamiento es un derecho fundamental que está reconocido en un gran número de constituciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos alrededor del mundo. Sin embargo, la mayoría de estos instrumentos fueron creados en el siglo XX, cuando aún nadie imaginaba el auge e inminente necesidad de reconocimiento que este derecho requeriría en redes sociales unas cuantas décadas después. Su propio texto no establece explícitamente que la protección a la libre emisión del pensamiento se extienda al posterior surgimiento de las redes sociales. Esto nos ha llevado a varios a preguntarnos, ¿este principio fundamental desarrollado siglos atrás puede cumplir su función hoy en un entorno digital y de redes sociales muy diferente?[1]


El Derecho Procesal Constitucional se ha tomado en serio este cuestionamiento y ha puesto en marcha su maquinaria con el objetivo de regular la libre emisión del pensamiento en redes sociales, ya que este es uno de los derechos más importantes en cualquier sociedad democrática. Resultaría imposible que, ante cada nueva necesidad presentada en la sociedad, se tengan que enmendar o reformar los Tratados Internacionales y constituciones formales, por lo que se han creado otras formas con las que se puede proteger y hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Es por esto que, a través del empleo de distintas garantías constitucionales, se ha asegurado el efectivo ejercicio de esta libertad.


Una de las maneras más efectivas que esta rama ha encontrado para el cumplimiento de este fin y la aplicación de garantías constitucionales ha sido mediante el establecimiento de precedentes constitucionales, tanto en sistemas civilistas, como en sistemas de common law. De igual forma, esta protección se ha visto extendida tanto en sistemas con controles de constitucionalidad predominantemente concentrados a través de los tribunales constitucionales, como en los países con sistemas mayoritariamente difusos en cortes de justicia ordinaria.


Por ejemplo, el caso de Colombia ha sido uno de los países pioneros en otorgarle efectiva protección en redes sociales. En el emblemático caso Fierro v. Google Inc.[2] de la Corte Constitucional, se reconoció la importancia de la libertad de expresión en todas sus formas, dimensiones y aspectos, ya que esta permite la existencia simultánea de ideas y opiniones de manera libre.[3]Se determinó que, en las redes sociales, también se goza de este derecho, siempre y cuando estas manifestaciones sean acordes con el respeto, la convivencia pacífica y con los derechos de los demás, inadmitiendo así “expresiones insultantes o irrazonablemente desproporcionadas”.[4]


Sin embargo, donde más se evidenció la protección procesal fue en el establecimiento de un claro precedente dentro de esta misma sentencia, ya que la Corte ordenó a cualquier juez a seguir este mismo criterio cuando se encuentre en un debate sobre el derecho a la libertad de expresión en redes sociales en tensión con otros derechos.[5] Por tanto, el Derecho Procesal Constitucional demostró su efectividad para garantizar el ejercicio de este derecho, no solo en el caso en concreto, sino también en casos análogos que puedan presentarse posteriormente, logrando así la tutela deseada.


Otro caso bastante representativo de este asunto es Elonis v. EE. UU. de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2015.[6] Esta fue la primera vez que la Corte acordó escuchar y establecer un precedente sobre un caso que involucraba la constitucionalidad de procesar amenazas potenciales en el contexto de las redes sociales.[7] Previamente, la Corte del Tercer Circuito de Apelaciones había establecido como criterio que siempre y cuando una “persona razonable” pudiera sentirse amenazada por una publicación, el autor de esta podría estar sujeta a una sanción penal. [8] Sin embargo, la Corte Suprema modificó este criterio disponiendo que una manifestación por este medio solo podrá ser penada si se demuestra que el autor tenía verdaderas intenciones de perpetuar la amenaza, aun cuando estas publicaciones hayan sido imprudentes. Por tanto, revirtió la decisión del Tercer Circuito que condenaba a Elonis a prisión por haber publicado comentarios amenazantes en Facebook y garantizó el efectivo ejercicio de la libre emisión del pensamiento mediante este medio. Con base en esto, se permitió la adaptación del derecho a la libre emisión de pensamiento que estaba recogida dentro de la Primera Enmienda a las nuevas exigencias de la sociedad, ya que mediante este se obligó a jueces inferiores y a la misma Corte a adoptar este criterio posteriormente.[9]


De igual forma, otro caso que manifiesta la importancia del precedente constitucional es el caso Trump v. Knight. A diferencia de los casos anteriormente citados, este no fue conocido por un tribunal mayor, sino por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En este, se protegió a siete personas que habían sido bloqueadas de la cuenta oficial de Twitter del entonces presidente Donald Trump, estableciendo que esa red social es un foro público, por lo que no se puede excluir a una persona por sus puntos de vista políticos y que, al hacer esto, se privaba al resto de la audiencia de escuchar críticas; se reconocieron así ambas caras de este derecho: expresarse y tener acceso a estas expresiones.[10]


Por último, resulta menester analizar el caso de Guatemala que, si bien no ha tenido un reconocimiento explícito por parte de la Corte, este podría estar próximo. Por un lado, el artículo 35 de la Constitución que reconoce este Derecho otorga una amplia protección disponiendo que “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión”. Por otro lado, la misma Corte ya ha reconocido la importancia de las redes sociales como medios utilizados por la población para “expresar sus ideas y opiniones, iniciar discusiones, informarse de los acontecimientos actuales y conocer lo que piensan los personajes públicos”.[11] Sería coherente que, si la Corte tuviese que conocer próximamente sobre un caso en el que se ve vulnerado este derecho, se pronuncie a su favor y extienda expresamente la protección de la libre emisión del pensamiento a las redes sociales.


Ante esto, resulta ineludible concluir que el Derecho Procesal Constitucional ha puesto en marcha su maquinaria efectivamente. Las cortes, como los perfectos guardianes de la Constitución, han expandido a través del empleo de garantías constitucionales el ámbito de protección que originariamente se le otorgó a este derecho. De momento, esta ha sido una de las principales vías por la cual se ha asegurado que cada uno de los ciudadanos puedan gozar de la libre emisión del pensamiento en redes sociales sin temor a la censura. De esta cuenta, si el Derecho Procesal Constitucional no existiera, este y otros tantos derechos no podrían evolucionar y expandirse a las nuevas necesidades que surgen día a día, en una sociedad democrática.

[1] The Conversation. Why ‘free speech’ needs a new definition in the age of the internet and Trump tweets, Peter Ives, 2021. Recuperado de: https://theconversation.com/why-free-speech-needs-a-new-definition-in-the-age-of-the-internet-and-trump-tweets-152919 [2] Sentencia T-063A/17, Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, 2017. [3] Ibid, p. 14 [4] Ibid, p. 16 [5] Ibid, p. 18 [6] Corte Suprema de los Estados Unidos. Elonis v. United States. Certiorari to The United States Court of Appeals for the Third Circuit. No. 13-983, 2015. p. 17. [7] United States Courts. Elonis v. EEUU. This First Amendment activity applies the landmark Supreme Court case Elonis v. U.S. to a teen conflict posted on Facebook. Recuperado de: https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/elonis-v-us [8] The First Amendment Encyclopedia. Elonis v. United States, John R. Vile, 2015. Recuperado de: https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1455/elonis-v-united-states [9] Ibid. [10] Knight First Amendment Institute at Columbia University. Lawsuit. Knight Institute v. Trump. Melinda Beck, 2020. Recuperado de: https://knightcolumbia.org/cases/knight-institute-v-trump [11] Sentencia dentro de los Expedientes 477-2020, p. 27, 561-2020, p.27 y 1393-2020, p.30

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