Magistrados, ¿quiénes?: la juramentación de magistrados a la luz del precedente de Mynor Moto



¿Quiénes serán los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad?” es una pregunta que, en los últimos meses, ha mutado de “¿quiénes serán designados?” a “¿quiénes pueden ser juramentados para luego tomar posesión?”. Esta última interrogante ha cobrado fuerza por las designaciones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), respecto de las cuales se han presentado impugnaciones de todo tipo y hasta amparos. ¿Podrán Gloria Porras y Néster Vásquez ser juramentados como magistrados titulares hoy?


Las posibles respuestas y escenarios las encontramos en el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el precedente de Carrillo y otros vs. Congreso de la República (Caso Juramentación Mynor Moto),[1] así como los votos disidentes por los magistrados Molina Barreto y Ochoa Escribá. Aunque estos últimos tratan otros temas que se encuentran detallados en el Law Report de la Guardia que pueden leer aquí, de interés en este artículo solo es lo referente a la mencionada normativa.


El segundo párrafo del artículo 156 afirma la impugnabilidad de las designaciones por el CSU y la Asamblea del CANG y que “mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. Esta última parte fue el centro de atención cuando el Congreso juramentó a Mynor Moto, a pesar de que existían apelaciones en contra de su designación. Lastimosamente, en la resolución, no se explican a cabalidad los alcances de esta norma.


En el auto de amparo provisional del Caso Juramentación Mynor Moto, la posición mayoritaria da a entender que la norma implícitamente alude a “fases” del proceso de designación. Sin embargo, solo se menciona que existe una “fase de impugnaciones” y que hasta que esta no se concluya no puede procederse a las siguientes.[2] El fallo no presenta ninguna línea interpretativa ni un desarrollo íntegro de esta idea de fases de designación, que culminó en la suspensión de la juramentación, del Acuerdo del Congreso, de toda actuación o disposición para concretar la juramentación, y de cualquier acto posterior.


Una razón para justificar esto es que el precedente se fijó en el contexto de un auto de amparo provisional. Sin embargo, aceptar esto como válido es permitir un juego peligroso: se pueden otorgar amparos provisionales con efectos básicamente definitivos sin presentar una verdadera justificación. También cuestionable es que expresamente se hayan invocado las literales b y c del Artículo 28 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad sobre el otorgamiento de oficio de la suspensión provisional,[3] sin dar una explicación de cómo se encuadra lo ocurrido en esos supuestos. El segundo es particularmente problemático, dado que, si ni el auto proveyó una explicación técnica del artículo 156 y sus alcances, no queda claro cómo puede calificarse un acto basado en una interpretación distinta como notoriamente ilegal.


Algunos destellos para comprender la extensión de esta disposición los encontramos, en cambio, en los votos disidentes. Curiosamente, no es sino hasta sus últimas líneas que la magistrada Ochoa Escribá trata la normativa que, en la opinión mayoritaria, parecía ser la clave de la ratio decidendi (si bien una bastante incompleta). Para la magistrada, la juramentación de fidelidad a la Constitución no contraría el artículo 156, pues no es sino hasta que el Pleno de la Corte de Constitucionalidad da formal posesión al magistrado titular que este puede ejercer el cargo. Por su parte, el magistrado Molina Barreto acoge la figura de deferencia para argumentar que la juramentación no incidía en que la eventual toma de posesión no pudiera ocurrir sino hasta que se resolvieran las impugnaciones y, por ello, no era el lugar de la Corte interferir en las funciones de un poder constitucional.


Si bien son válidos hasta cierto punto los argumentos de las disidencias, tampoco se presentan un esfuerzo considerable por desentrañar los alcances de la norma decisoria litis. Ese será el objetivo de lo que resta de este artículo.


En primer lugar, los verbos empleados por la norma son decisivos. Esta regula que, mientras se resuelven las impugnaciones, “continuarán actuando” los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. La pregunta correcta entonces es si la juramentación pone en riesgo o violenta la actuación continuada de los magistrados por sustituir. La respuesta es negativa.


El artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala constriñe la juramentación de fidelidad a un requisito previo sin el cual “no podrá ejercerse” la función pública. En otras palabras, la juramentación es un acto previo al actuar y, por ende, no puede, por sí mismo, vulnerar la continuación en funciones de los magistrados por sustituir. El hecho de que la formal posesión la dé el Pleno fortalece este punto y despierta la duda de si la solución de la Corte fue en realidad tomada de manera astuta para no tener que ser ella quien tuviera que decidir directamente qué hacer con Mynor Moto.


Por último, debe atenderse a la lógica interna de la normativa. Si el constituyente vio la necesidad de aclarar quién seguiría en funciones en caso de impugnaciones, necesariamente, contempló tanto el escenario de que quedara una vacante temporal absoluta, como el que el magistrado con designación impugnada intentara actuar. Ahora bien, este segundo caso solo sería materialmente posible una vez fuera juramentado y se le diera formal posesión, por lo que la verdadera fase implícita de la norma es la de encontrarse en un punto donde pudiera existir confusión de quién debe cumplir las funciones de togado constitucional. No tendría ningún sentido que la norma prohibiera un actuar que jamás hubiera sido posible, esto es, que se refiriera a cualquier momento previo a la toma de posesión si igual durante esos momentos no le era posible ejercer la magistratura.


Bajo estas apreciaciones, los magistrados con impugnaciones sí podrían ser juramentados, pero no pueden tomar posesión y menos actuar como magistrados. El hecho de que juramentar a magistrados en esa situación no sea un actuar prudente es una discusión política que, como bien señala el Magistrado Molina Barreto, corresponde al Congreso y solo a este.


Será para futuras magistraturas la decisión de si esta es una lectura más atinente del artículo 156 (incluyendo a la que está por iniciar que resolverá en definitiva el caso de Moto), puesto que, en este momento, no debe ignorarse la existencia de un precedente que indica que ningún magistrado con impugnaciones puede ser juramentado. Tal es el caso de Néster Vásquez, por ejemplo.


Ahora, en el caso de Gloria Porras, la pregunta gira principalmente en torno a si ese precedente se extiende a la interposición de amparos. Ni los hechos materiales ni el (breve) razonamiento jurídico del Caso Juramentación Mynor Moto consideraron esa posibilidad, por lo que, a menos que se haga una ampliación del precedente, este, por el momento, no la alcanza. Salvo aún existiera una impugnación ordinaria pendiente o incluso no hubiese corrido el plazo para impugnar, es viable juramentarla a la luz del precedente. Ahora bien, nada de esto impide que mediante un amparo provisional se detenga su juramentación o la de otro magistrado por violación a procesos constitucionales, tal y como sucedió con Mynor Moto.


En cualquier caso, de manera bastante problemática, será una vez más la Corte de Constitucionalidad quien terminará decidiendo quiénes son los magistrados que la integran.

[1] Caso Carrillo y otros vs. Congreso de la República, No. ACC Acumulados 426-2021, 430-2021, 436-2021 455-2021 (Corte de Constitucionalidad el 4 de febrero de 2021). [2] Caso Juramentación Mynor Moto en 14. [3] Artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad: “b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior; c) Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia.

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