Prohibido recordar: la protección de datos, el derecho al olvido y el habeas data

Actualizado: mar 15


En los últimos años, los Tribunales Constitucionales, especialmente los latinoamericanos, en el ejercicio de sus funciones de control de constitucionalidad de las normas y defensa de los derechos fundamentales, se han caracterizado por incurrir en la práctica denominada activismo judicial. Dentro de las críticas realizadas a este activismo judicial se encuentra la facultad de regular por medio de las sentencias, que trae como consecuencia el reconocimiento de derechos no reconocidos expresamente o, la creación de mecanismos constitucionales que no se encuentran explícitamente regulados. Dentro de este espectro, están los derechos que han surgidos a raíz de las nuevas tecnologías.


La incorporación de medios tecnológicos en la vida de los ciudadanos ha generado una infinidad de peligros para la protección de ciertos derechos humanos. En esa línea, la protección de los datos personales, con relación a las redes sociales, es uno de los bienes jurídicos tutelados por la legislación más novedoso de los ordenamientos jurídicos. Este derecho ha sido construido por los Tribunales Constitucionales a lo largo de los años, a partir de la noción de intimidad –vie privée, privacy–.


Sobre esta problemática resolvió la Corte de Constitucional Guatemalteca en el caso Fredy Arriola v. Infornet. Dicho caso involucraba la comercialización, por medio de internet, de datos personales por parte de una entidad privada, sin autorización expresa del titular. Según el postulante, el acto reclamado constituía una vulneración a su derecho de dignidad, integridad y privacidad. La Corte dentro de su fallo expuso que en el contexto de derechos tecnológicos “el catálogo de derechos humanos reconocidos en un texto constitucional no puede quedar agotado en éste, ante el dinamismo propio de estos derechos (…)”. En este orden de ideas, consideró que, con el fin de proteger adecuadamente el derecho a la intimidad, dignidad y privacidad de una persona individual dentro del internet, era necesario reconocer el derecho a la “autodeterminación informativa”.[1] Además, dentro de la misma sentencia, la Corte estipuló el alcance del derecho de autodeterminación informativa, estableciendo que este implica: a) el derecho a la actualización de datos; b) el derecho a la rectificación por información errónea, incompleta o inexacta de sus datos; c) el derecho a la confidencialidad; y d) el derecho a la exclusión de cierta información sensible para el interesado.


Curiosamente, la autodeterminación informativa a la que hace referencia la Corte fue un derecho cuyo reconocimiento nació y se desarrolló procesalmente, a través de la interpretación de un órgano que ejerce el control concentrado de constitucionalidad. El concepto de autodeterminación informativa (recht auf informationelle selbstbestimmung) surgió en la República Federal Alemana, por medio de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán –TCFA– el 15 de diciembre de 1983, en una sentencia que desarrollaba problemáticas generadas por la Ley del censo de población. En dicha sentencia, el Tribunal determinó que, dentro del derecho general de la personalidad, se encuentra la facultad del individuo de decidir, en el ejercicio de su autodeterminación, qué extremos desea revelar de su propia vida.[2]

La importancia de los tribunales constitucionales no termina con el reconocimiento de derechos, sino que también son determinantes para la implementación de mecanismos o garantías constitucionales que permitan el ejercicio de estos nuevos derechos. En varios países de América Latina, para proteger el derecho de autodeterminación informativa, se ha diseñado una garantía constitucional denominada habeas data.[3] La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en el caso Fredy Arriola v. Infornet citado anteriormente, consideró que, en la legislación comparada, el derecho a la autodeterminación informativa es protegida por el habeas data; sin embargo, en Guatemala, esta no es una garantía constitucional sino un procedimiento administrativo. Ante ese vacío legal, la Corte sostuvo que por la amplitud del ámbito de conocimiento del amparo, esta es la acción constitucional idónea para garantizar el derecho de autodeterminación informativa.[4] Esta misma postura fue reafirmada por la Corte en un caso más reciente donde se encontraban discutiendo hechos muy similares (incluso dentro de dicho proceso se encontraba involucrada la misma entidad).[5]


Por otro lado, la doctrina moderna en Europa, además del reconocimiento del habeas datas o garantías constitucionales que permiten la protección de la autodeterminación informativa, ha reconocido el llamado derecho al olvido. El derecho al olvido es entendido como el mecanismo que posee el titular de un dato personal para solicitar que se borre, bloquee o suprima su información personal, en especial cuando se trata de datos perjudiciales.[6] Una demostración reciente es el caso Google v. Agencia Española de Protección de Datos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[7] En dicho proceso, se decidió que las personas tienen derecho a solicitar que, al buscar su nombre dentro de los buscadores de internet, no figuren enlaces de datos personales que puedan ser perjudiciales para su dignidad e intimidad.


De todo lo anterior, podemos concluir que el Derecho Procesal Constitucional es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, para la determinación de su amplitud, su protección y, en ocasiones, su reconocimiento. Las cortes constitucionales juegan un rol muy importante en esto, pues es mediante sus fallos que permiten dotar de mecanismos a los ciudadanos para hacer valer de forma efectiva los derechos reconocidos por la constitución y los tratados Internacionales en la materia. Precisamente, frente a un caso de esta índole nos encontramos, ya que la Corte de Constitucionalidad además de reconocer el derecho a la autodeterminación informativa determinó cuál era el mecanismo idóneo para su protección –la garantía constitucional de amparo– y el alcance de protección que tiene el derecho. El derecho de intimidad, dignidad y protección de datos se encuentran intimamente ligados entre sí, además, estos son fundamentales para el ejercicio de la libertad individual, con lo cual la importancia del criterio emanado por la Corte no se agota en un fallo judicial que resuelve el caso concreto, sino que forma los cimientos que permitirán el ejercicio efectivo de los mismos.

[1] Fredy Arriola v. INFORNET SCC 1356-2006 (Corte de Constitucionalidad el 24 de marzo de 2006). [2] Mártinez, R. (2007). El derecho fundamental a la protección de datos: perspectivas. Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. ISSN 1699-8154 [3] Bazán, V. (2005). El habeas data y el derecho de autodeterminación informativa en perspectiva de derecho comparado Estudios Constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago, Chile [4] Fredy Arriola v. INFORNET SCC 1356-2006 (Corte de Constitucionalidad el 24 de marzo de 2006). [5] Procurador de los Derechos Humanos v. INFORNET II SCC 3552-2014 (Corte de Constitucionalidad el 24 de junio de 2014). [6] Rodríguez, L. (s.f.) Derecho al olvido como garantía para la autodeterminación informativa en las redes sociales http://www.transparencia.udg.mx/sites/default/files/Derecho%20al%20olvido%20como%20garant%C3%ADa%20para%20la%20autodeterminación%20informativa%20en%20las%20redes%20sociales.pdf [7] Google. ¿Cómo está implementando Google la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho al olvido? https://policies.google.com/faq?hl=es